No, sólo sus gobernantes.

Hoy no pensaba publicar ningún nuevo artículo. Pero nuevamente la realidad existente en este país me sobrepasa, no pudiéndome quedar de brazos cruzados sin al menos denunciarlo por mi blog. Voy a exponer el siguiente hecho de manera esquemática, en vez de recurrir al copia y pega de la fuente informativa:

  • 26 de junio: Vicenta Álvarez, mujer de 85 años residente en Gran Canaria, y que se encontraba veraneando en Cáceres junto a su hijo Justo, sufre un ictus.
  • Es hospitalizada en el Hospital San Pablo Alcántara, donde permanece ingresada y "perfectamente atendida por el equipo de profesionales" en la Unidad de ictus de ese hospital, durante quince días. El ictus le había dejado una hemiplejía de la parte izquierda del cuerpo, sin posibilidades de comunicarse.
  • 11 de julio: la neuróloga que la atiende le "da el alta hospitalaria, no la médica". Se dice en el informe que la paciente continúa requiriendo cuidados médicos, aunque no estancia hospitalaria, y recomienda no realizar traslados a distancias largas en al menos un mes tras su estabilización, además del tratamiento farmacológico y otras recomendaciones.
  • El hospital inicia las gestiones para enviar a Vicenta a una clínica concertada, puesto que su informe médico y el de enfermería desaconsejan desplazamientos largos (nada de volver a Gran Canaria).
  • La trabajadora social del hospital, Cristina, acuerda con la administración extremeña darle una plaza provisional en una clínica concertada. Mientras, el Hospital requiere de la enferma un certificado de convivencia o residencia, de lo que se encarga su otro hijo Francisco, que se encuentra en Las Palmas.
  • Tras recibir el certificado de residencia, el Servicio Extremeño de Salud deniega definitivamente la plaza a la enferma, basándose en un decreto donde se señala que "sólo los residentes o nacidos en Extremadura pueden optar a una cama concertada". Más aún, la Administración extremeña amenaza a los hijos "con levantar acta y llamar a la policía si no se llevan a su madre" de ahí.
  • Francisco y Justo, los hijos de la enferma, se ven obligados a desembolsar unos 3.500€ (fianza más primer mes) para costear una residencia privada donde sea atendida su madre, mientras se recupera del ictus, a la espera de que le den el alta médica y pueda desplazarse por fin a Gran Canaria.
  • Para más inri Vicenta, la enferma, tampoco tiene derecho a que la Seguridad Social asuma el coste de su traslado de la residencia a Gran Canaria, una vez se le dé previsiblemente el alta médica el 11 de agosto, día programado para su revisión neurológica. ¿Por qué? Lo de siempre, no es residente ni nacida en Extremadura. Y es que como ha sido dada de alta hospitalaria no puede valerse del protocolo destinado a este tipo de casos.
  • No obstante, parece ser que el Gobierno de Canarias se ha interesado por el caso, y que el Servicio Canario de Salud se hará cargo de los costes del desplazamiento hasta Gran Canaria.

Los artículos de los que he sacado la notícia son:

Empiezo a pensar que los que arremeten contra el Estado de las Autonomías tienen sus motivaciones más que justificadas. La descentralización política tiene su razón de ser en acercar la toma de decisiones políticas a la realidad del ciudadano. De ofrecerle una Administración más próxima y rápida, frente al modelo administrativo del pasado por el cual todo asunto administrativo debía pasar por Madrid.

Eso es una cosa, y otra que para cazar (o pescar) en Castellón y Teruel te tengas que sacar (y pagar) una licencia administrativa de caza en cada una de las CC.AA. en cuyo territorio piensas llevar a cabo tal actividad. Nada que ver con la licencia administrativa de caza o pesca que existía para todo el territorio español antes de la creación de las Autonomías.

Pero lo de esta mujer ya es bárbaro. Poco a poco y sin que nos vayamos dando cuenta, la nacionalidad española va dejando paso a la "autonomidad" o subnacionalidad. Hemos creado un Estado de las Autonomías con conciencia de separar, y no de atender verdaderamente al ciudadano. No existe coordinación alguna entre las distintas Administraciones autonómicas, ninguna. Ni con el Estado. Míralos, si se comportan como niños. Se dedican a impugnarse unas a otras sus normas reglamentarias o jurídicas recién aprobadas ante el Tribunal Constitucional, se pelean por lo que es de su competencia, y por lo que no es. Eso sí, vas a preguntar algo a la Conselleria d'Educació en relación con el Ministerio de Educación, y te dicen que no saben nada. Claro, es el llamado "principio de competencia": si no soy competente en la materia, no sé nada, búscate la vida.

Lo más triste es que esta notícia habría tenido repercusión nacional inmediata en caso de ser la Administración catalana (o la vasca, o la gallega) la que hubiera actuado de esa manera, y no la extremeña. Más triste todavía que se trate de la Junta de Extremadura, gobernada de siempre por el Partido Socialista Obrero Español, y por un Ibarra siempre muy duro en arremeter contra los nacionalismos.

Vamos apañados.