La historia nos ha dejado un recuerdo trágico de esa experiencia -buena en muchos aspectos, mala en tantos otros- que supuso el advenimiento de la II República española. Nos han hablado siempre del anticlericalismo de la izquierda, de la impotencia cuando no dejadez intencionada de la Administración y las fuerzas del orden ante infinitud de episodios violentos protagonizados por uno u otro bando, de la atmósfera revolucionaria y contrarrevolucionaria que se podía respirar... En definitiva, de una República que ya desde sus comienzos olía a polvorín.

Injusticias del pasado, resentimientos, radicalidad, odio crónico... vendetta. La República fue ante todo un torbellino de pasión desatado en política. También prisas. Prisas por cambiar cosas que llevaban demasiados siglos inmóviles. Se cometieron muchos errores, y las emociones dieron lugar a una laurasilva de odios y rencores que ninguno quiso podar hasta que prendió fuego.

Pero no todos quisieron ser así. Destacan en ese período de nuestra historia personajes con voluntad de concordia. Personas virtuosas sin duda alguna para el contexto de esa época. Una de ellas fue el socialista humanista Fernando de los Ríos.

Ministro de Justicia, y luego de Instrucción Pública y Bellas Artes, tolerante y moderado en las formas. Ya en 1921 se había negado en redondo, tras viajar a la nueva Rusia de Lenin, a que el PSOE se adhiriera a la III Internacional o Komintern. Fue un personaje clave en algunas de las reformas más espinosas que los primeros gobiernos republicanos se disponían a llevar a cabo. Habría sido un buen exponente de un modelo de democracia republicana basada en la Concordia que no se dio jamás, por el empecinamiento de algunos. Les copio a continuación una porción de un artículo escrito por Carlos García de Andoin, cabeza visible de los Cristianos Socialistas, y que me parece, cuanto menos, bello de leer:

La modernización del Estado español exigía, sin duda, un proceso de laicización y de separación entre el Estado y la Iglesia. La formación del Estado había quedado sellada desde el siglo XVI por la confesionalidad católica. El nuevo régimen democrático debía constituirse sobre el principio de la libertad de conciencia y religiosa. Consiguientemente, debía afirmar la separación entre el Estado y la Iglesia y reconocer la libertad de cultos. En consecuencia, con ello había de impulsar diferentes medidas que toparon con las resistencias de la jerarquía católica de la época, como la escuela laica con religión optativa, la secularización de los cementerios, el divorcio civil o el reconocimiento de las confesiones minoritarias, principalmente judíos y protestantes. Sin embargo, el proyecto de laicización tomó un sesgo anticlerical excluyente, y ello hizo fracasar el intento de una solución de conciliación.

Hubo una oportunidad, y de ella es bueno hacer memoria. La protagonizaron De los Ríos y Alcalá Zamora, por parte del Gobierno, y Vidal i Barraquer y el nuncio Tedeschini, con el apoyo de Pacelli, por la de la Iglesia católica, en lo que se conoce como «Acuerdo reservado». Los puntos de conciliación que habían alcanzado se sustanciaron así:

  1. Reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, de su estructura jerárquica, del libre ejercicio de culto y de la propiedad de sus bienes.
  2. Un convenio entre la República y la Santa Sede para el reconocimiento antedicho. Aunque Alcalá-Zamora y Lerroux eran partidarios de un concordato, el ministro de Justicia era partidario de un modus vivendi que más tarde pudiera conducir al concordato en circunstancias más propicias, «pero -escribe en sus notas Vidal y Barraquer- no defenderá la forma de concordato» y tampoco «acepta la declaración de Corporación de Derecho Público para la Iglesia», lo que en ningún caso significa «aminoración en el reconocimiento» de su personalidad jurídica.
  3. Respeto «en su constitución y régimen propios y en sus bienes, al menos los actualmente poseídos» a las congregaciones religiosas. Éstas quedarían sujetas a las leyes generales del país. El Gobierno defendería en bloque a todas las congregaciones.
  4. Reconocimiento de la plena libertad de enseñanza de todo español y por ello también de la Iglesia a «crear, sostener y regir establecimientos docentes, sometidos a la inspección del Estado en cuanto a la fijación de un plan mínimo de enseñanza y salvaguardia de la moral, higiene y seguridad del Estado».
  5. En presupuesto de culto y clero acordaron la conservación de los derechos adquiridos y la amortización a medida que se fueran produciendo vacantes. Se contemplaba la sustitución progresiva de la partida de culto por una subvención global dedicada a la conservación del patrimonio histórico-artístico.

Este acuerdo implicaba por parte de la Iglesia el reconocimiento de la República, y para facilitar las cosas la Iglesia se comprometía a forzar la dimisión del perturbador primado de Toledo, Pedro Segura, lo que Roma así cumplió.

De los Ríos se empeñó hasta el extremo por lograr una solución dialogada, defendió un modus vivendi entre la República y la Iglesia. Su discurso parlamentario, un 8 de octubre de 1931, hecho a título personal y por motivos de conciencia, quiso convencer a la mayoría republicana de la Cámara y particularmente al grupo parlamentario socialista de su opción, la que habían tejido con hilvanes en los diálogos con la Iglesia. Sin embargo, su apuesta fracasó.

Nadie podía dudar de la voluntad laicizadora de Fernando de los Ríos. Tenía razones jurídicas, sociológicas y biográficas para ello. Se había forjado en la Institución Libre de Enseñanza como discípulo y pariente de Giner de los Ríos. Republicanos y socialistas le confiaron primero el Ministerio de Gracia y Justicia, y después, una vez aprobada la Constitución, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En ambos iban a dirimirse los contenciosos que la República podía y habría de tener con la Iglesia. Sin embargo él defendió una posición moderada, proclive al acuerdo. Pero perdió contra su partido y contra la Cámara. Así le escribía a Manuel de Falla el 19 de abril de 1933: «frente a mi partido y contra la mayoría, al discutirse la cuestión religiosa en el Parlamento, sostuve la actitud más moderada y respetuosa que hubo de ser defendida, la que ahora lamentan las derechas que no se adoptara, esas derechas que en sus periódicos me presentan como símbolo de antirreligiosidad y en privado me piden amparo de continuo, desde el canónigo Molina hasta el propio Gil Robles. ¡Si viese cuánta amargura causa todo esto!».